En buena medida, puede decirse que comenzaba a transitar entonces un camino que ya no abandonaría durante el resto de su vida, un camino que pasaba por el nacionalismo catalán pero, de manera muy acentuada, por la lucha anti-sistema.
Redactor en jefe de «La Barricada», un semanario que dependía del Bloque autonomista catalán, al año siguiente sufrió una dura derrota en las elecciones municipales que le llevó a radicalizar sus posiciones. En abril de 1917, se convirtió en uno de los fundadores del Partido republicano catalán y se sumó de manera nada oculta a la labor de acabar con la monarquía parlamentaria.
No mucho después, Companys entró en uno de los recovecos de su carrera que suelen pasar por alto sus partidarios y que ilustra más claramente su carácter moral. Nos referimos al momento en que decidió asumir la defensa de terroristas de signo anarquista que, desde 1919, habían precipitado a Cataluña en lo que se denominaron los «años del pistolerismo».
Para muchos, Companys simplemente colaboraba con las fuerzas políticas anticonstitucionales de mayor peso –y violencia–. No obstante, junto con esta razón nada descartable puede indicarse otra de no escasa importancia. Companys había sido iniciado en la masonería precisamente en una época en que la presencia de ésta en los partidos anti-sistema era muy considerable, pero, sobre todo, en que la relación era muy estrecha con el sector del anarquismo que propugnaba el atentado como vía política privilegiada. De hecho, anarquistas habían sido tanto Ferrer Guardia, responsable de las atrocidades de la Semana Trágica como Mateo Morral que había intentado asesinar a Alfonso XIII el día de su boda. No resulta pues nada extraño que Companys, además de intentar derribar la monarquía parlamentaria, estuviera ayudando a compañeros de la Logia.
De hecho, en noviembre de 1920, fue detenido junto con otros anarquistas implicados en acciones violentas y recluido en el castillo de Mahón. Fue su elección como diputado de partido republicano catalán la que le libró justo al mes siguiente de la cárcel. Regresó a prisión por actividades subversivas en 1930, pero a esas alturas la conspiración contra el sistema parlamentario estaba muy avanzada.
Aunque el alzamiento armado de los militares Galán y García Hernández fracasó, en abril de 1931 se proclamó la República. Fue éste un episodio idealizado por la propaganda aunque muy turbio en su desarrollo ya que se produjo tras unas elecciones municipales en que las candidaturas monárquicas obtuvieron casi cinco veces más concejales que las republicanas.
El día 16 del citado mes, Companys proclamó la república desde el ayuntamiento de Barcelona. A partir de ese momento, su carrera –ya vinculada a la Esquerra republicana de Cataluña– resultó fulgurante. Diputado, miembro del comité ejecutivo de ERC, presidente del parlamento catalán o ministro de marina fueron algunos de los cargos que ocupó mientras erosionaba mortalmente al catalanismo de derechas.
Al morir Francesc Maciá en 1933, Companys se vio catapultado a la presidencia de la Generalidad catalana precisamente en unos momentos en que el catalanismo era ya claramente de mayoría izquierdista e independentista. Fue entonces cuando se produjo un hecho que no comprendió –ni aceptó– ninguna de las fuerzas que durante décadas se había propuesto aniquilar la monarquía parlamentaria y luego caminar hacia sus distintas utopías a través de la república. Tras un gobierno republicano-socialista que duró dos años y que no resolvió ninguno de los problemas que acometió, aunque sí dividió dramáticamente a los españoles, las derechas ganaron las elecciones de 1933. La respuesta de nacionalistas e izquierdas –especialmente de PSOE y ERC– fue preparar un alzamiento armado que aniquilara al gobierno legítimo y les permitiera volver al poder mediante la violencia.
Companys se sumó con entusiasmo al plan, apostó por la total ruptura con la legalidad democrática republicana alzándose en armas en connivencia con el PSOE en lo que fue, ni más ni menos, que un intento de golpe de estado.
Companys contaba con los aproximadamente 3.400 escamots de Dencás y Badia y unos 400 mozos de escuadra al mando de Pérez Farras, tanto la Guardia de Asalto como la Guardia Civil, pese a su dependencia formal de la Generalidad, no se sumaron a la intentona golpista. La intervención en Barcelona de las tropas del ejército leales a la República, compuestas de unos 500 hombres, bajo el mando del general Batet frustraron el golpe, sin apenas resistencia de los nacionalistas, que se rindieron tras los primeros intercambios de disparos. Los escamots salieron huyendo, demostrando que apenas servían para algo más que desfilar y fanfarronear ante pusilánimes tenderos. En cuanto a los rabassaires, pequeños agricultores catalanes, cuyo apoyo popular esperaba la Esquerra, no se embarcaron en la insensata aventura de Companys. El pronunciamiento había comenzado el 6 de octubre y finalizó la mañana del día 7, apenas había durado unas horas, pero la estúpida ambición de Companys dejó aproximadamente 73 muertos innecesarios.
Detenido y juzgado el sedicioso presidente de la Generalidad fue condenado a 30 años de prisión. Con el triunfo del Frente Popular en 1936 Companys salió de la cárcel, e increíblemente, pese a su reciente pasado delictivo fue restablecido en su cargo de Presidente de la Generalidad, como si nada hubiese pasado. De lo poco arrepentido que estaba de su actuación antidemocrática, y de lo poco que le importaban las vidas de los ciudadanos da fe el propio Azaña, que critica la intención de Companys una vez excarcelado, de presentarse inmediatamente en Barcelona para “tomar posesión del gobierno por la fuerza”, “disparate colosal, repetir otro 6 de octubre, y hacérmelo a mí”.
Desde la cárcel Companys había jugado sus bazas políticas al colaborar en la tarea del Frente Popular de atraerse los votos de los anarquistas. La Esquerra envió al diputado Trabal, que en compañía de Salvat y Farreras, negoció con los líderes anarquistas su apoyo electoral. A cambio exigían la entrega de armas, quedando muy patente que la intención de las fuerzas revolucionarias no acababa en la obtención de una victoria electoral.
Durante los meses de violencias que siguieron, la CNT se cobró su tributo a la contribución que en votos hizo para el triunfo del Frente Popular. En Cataluña una Generalidad sobrepasada “tolero” sus desmanes, que llegaron hasta el asesinato de los famosos hermanos catalanistas Badia, que tan activamente habían participado en el levantamiento de la Generalidad en octubre del 34.
El alzamiento militar del 18 de julio del 36 fracasa en Cataluña. Companys y la Esquerra no tienen escrúpulo alguno en coaligarse con la CNT para prescindir del gobierno central e instaurar de facto un régimen semiindependiente en Cataluña. El terror que despliegan los milicianos se ve respaldado legalmente por Companys, que el 23 de julio de 1936 promulga un decreto que dice: “La rebelión fascista ha sido vencida por el heroísmo popular y el de las fuerzas locales. Precisa, pues, acabar de aniquilar en toda Cataluña los últimos núcleos fascistas existentes y prevenirse contra los posibles peligros de fuera. Por tanto a propuesta de la presidencia, y de acuerdo con el Consejo Ejecutivo, decreto lo siguiente: 1º Se crean las milicias ciudadanas para la defensa de la República y la lucha contra el fascismo y la reacción … 2º En toda Cataluña se constituirán los Comités locales de defensa que deberán obrar de acuerdo con el Comité Central”.
La actuación de esos comités y milicias, tuvo como resultado el asesinato en Cataluña de 8.000 personas durante 1936, según estimaciones del propio Companys y el destacado miembro de ERC, Jaime Miravitlles. El número de ejecuciones fue tan elevado en las primeras semanas, y la represión tan brutal, que el propio Companys tuvo que protestar ante el Comité Central controlado por los anarquistas García Oliver y Peiró. En noviembre de 1936 disuelve la Oficina Judicial controlada por la CNT sustituyéndola por los Tribunales Populares, que se habían creado en el mes de octubre. La relación simbiótica de la Esquerra de Companys con el anarquismo finalizó en abril de 1937. En dichas fechas los comunistas del PCE, muy fortalecidos por la importante presencia militar y política soviética en España, pretendían dominar al resto de organizaciones obreras y los resortes de poder de la República. En Cataluña los comunistas coaligados con socialistas en el PSUC pretendían acabar con el dominio de los anarquistas. Durante los meses de marzo y abril se habían producido secuestros y asesinatos entre miembros de las organizaciones obreras enfrentadas. Companys barruntando el cambio de vientos, se alía con los comunistas, y permite que la Generalidad practique numerosas detenciones de anarquistas tras el asesinato del líder del PSUC Roldán Cortada el 25 de abril. El 3 de mayo los comunistas, con el beneplácito de Companys ocupan el edificio de Telefónica de Barcelona, baluarte del anarquismo y por tanto autentica provocación, que desemboca en un levantamiento armado de la CNT y el POUM, que es sofocado en pocos días. La represión posterior, que se hace especialmente cruenta entre los miembros del POUM, incrementada tras el ascenso de Negrin a la jefatura de la República, nos añade 500 asesinatos más en suelo catalán permitidos por el gobierno de Companys.
La represión se atempera durante los años 1937 y 1938, para volver a subir en 1939, barajándose un total de al menos 2.300 ejecuciones más en el territorio catalán.
Finalizada la contienda civil, Companys huye a Francia. Los vencedores lo buscaban por varios cargos entre los que se encontraban de manera fundamental los referidos a los fusilamientos, los saqueos, las torturas y las atrocidades cometidas en Cataluña mientras Companys era presidente.
El dirigente de ERC pudo escapar hasta que el III Reich venció a Francia en el verano de 1940. Concedida la extradición por las fuerzas de ocupación alemanas, Companys fue entregado a las autoridades españolas y juzgado. Se le condenó a muerte siendo fusilado el 15 de octubre de 1940 en el castillo de Montjuic.
El acto no pudo estar más cargado de simbolismo. En los fosos de aquel mismo lugar, más de mil doscientas personas habían sido fusiladas por el Frente Popular sin que Companys hiciera nada por impedirlo.
El balance no puede ser más siniestro, son dos los hechos criminales que se deben imputar a Luis Companys y Jover. Por un lado el levantamiento armado contra la legalidad democrática, que provoca decenas de muertos en octubre de 1934, y por otro la responsabilidad política y personal directa en la represión en Cataluña durante la Guerra Civil, represión que Companys no solo no desconocía y permitía, sino que apoyó con sus medidas legislativas y de gobierno.
El hecho de que acabase sus días ante un pelotón de fusilamiento franquista no cambia los graves crímenes de guerra que cometió.
